Justicia: qué propone cada partido

• Se aprobará un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal y el fiscal general tendrá un mandato único de cinco años, sin cesar con el Gobierno que lo propuso; su informe de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial será preceptivo y vinculante p. 26.
• Los recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afecten a derechos fundamentales se resolverán en noventa días, y el Tribunal Constitucional aprobará en seis meses un código ético p. 26.
• Los jueces y magistrados de todas las categorías elegirán a los doce vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, y las plazas del Tribunal Supremo se cubrirán por concurso reglado de méritos p. 27.
• Se reforzará el Consejo Fiscal para revisar órdenes controvertidas, y los nombramientos y ascensos de fiscales responderán a criterios objetivos p. 27.
• Se reforzará la protección de los jueces frente a presiones políticas, con sanciones administrativas para intimidaciones que no constituyan delito p. 27.
• Se ampliarán las competencias de la Audiencia Nacional frente al narcotráfico, el blanqueo y el crimen organizado, y se especializarán órganos en ciberdelincuencia p. 18.

• Impulsar la creación de un Consejo Vasco de Justicia, con funciones de gobierno del Poder Judicial en Euskadi según el nuevo marco jurídico p. 39.
• Favorecer reformas para que la organización judicial culmine en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con la única excepción de la jurisdicción reservada al Tribunal Supremo p. 39.
• Promover el reconocimiento de la Ertzaintza como Policía judicial en el ámbito vasco, con capacidad plena para ejercer sus funciones p. 39.
• Aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales que establezca criterios objetivos de clasificación y plazos concretos de desclasificación automática p. 40.
• Promover nuevos órganos judiciales especializados y reforzar las secciones de Violencia sobre la Mujer en Euskadi, especialmente en Vitoria-Gasteiz y Barakaldo p. 26.
• Exigir una justicia que proteja a las víctimas y mecanismos eficaces de control del poder, con instituciones transparentes y rendición de cuentas p. 23.

• Incorporar 180 plazas de jueces y juezas en Catalunya entre 2026 y 2027, con un coste de 20 millones de euros anuales para el Govern p. 43.
• Revisar el tratamiento penal de la tenencia y el uso ilícito de armas de fuego, la posesión de armas blancas prohibidas y los robos de cable, para aumentar las penas p. 43.
• Suprimir del Código Penal los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y de injurias y calumnias contra la Corona y las asambleas legislativas p. 8.
• Reformar la Ley orgánica 1/2004 y la legislación estatal contra la violencia machista, incluida la económica, la vicaria y la digital, y aprobar una regulación específica de la violencia vicaria p. 24.
• Crear el Consejo de Justicia de Catalunya, como órgano desconcentrado del CGPJ con sede en Barcelona y competencias sobre gobierno judicial, nombramientos, formación e inspección p. 15.
• Denuncia la corrupción que, según el texto, continúa salpicando las instituciones del Estado, sin proponer medidas concretas de regeneración en este apartado p. 5.

• Propone transferir a Galiza las competencias en materia de Instituciones Penitenciarias, para reducir las sanciones de aislamiento, reforzar las juntas de tratamiento y reconocer derechos de sindicación a las personas presas que trabajen p. 31.
• Propone dotar de más plazas judiciales y medios a las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia, y reorganizar la comarcalización de las secciones de Ourense y Santiago de Compostela, sin extenderla a Lugo y Pontevedra p. 26.
• Propone derogar la Lei de Amnistía de 1977, reconocer la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y lesa humanidade, y modificar la Ley de Memoria para garantizar la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo y sus familias p. 31.
• Propone derogar la Lei de Segredos Oficiais y la Lei de Seguranza Nacional para garantizar la plena transparencia de las instituciones militares y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado p. 32.
• Propone derogar la Lei Mordaza y la prisión permanente revisable, y eliminar el delito de desórdenes públicos agravados p. 30.
• Propone inhabilitar directamente a cargos públicos que cometan fraude fiscal o usen paraísos fiscales, regular las puertas giratorias y las incompatibilidades, y reforzar el control de la evasión fiscal p. 41.

• Juicios rápidos en 72 horas para multirreincidentes y delitos flagrantes, con 2.000 jueces y 1.500 fiscales más y un expediente digital único en toda España p. 10
• Fiscalía Anticorrupción con 100 fiscales, unidad propia de peritos y auditores, y presupuesto propio por ley p. 27
• Fin de los aforamientos: los 17.621 aforados serían juzgados por el mismo juez que cualquier ciudadano, mediante reforma constitucional p. 28
• La corrupción cometida por cargos públicos no prescribiría, y se prohíbe el indulto a condenados por corrupción p. 25
• Fiscal General elegido por tres quintos del Congreso, con mandato de seis años p. 27
• Reforma constitucional para independizar el CGPJ, con elección por jueces y magistrados, antigüedad o sorteo, y delito dar o recibir instrucciones a un juez p. 28

• Más juezas y jueces hasta la media europea de plazas judiciales por habitante, con más presupuesto para la justicia p. 92.
• Reforma del Consejo General del Poder Judicial para reforzar su independencia mediante elección directa por la ciudadanía; mientras tanto, mejorar la elección parlamentaria de los vocales p. 92.
• Nombramientos discrecionales del CGPJ conforme a mérito, capacidad y paridad de género p. 92.
• Justicia más cercana en Andalucía, con más competencias y medios y constitución del Consejo de Justicia de Andalucía p. 73.
• Juzgados especializados en el Campo de Gibraltar contra el blanqueo del narcotráfico p. 91.
• Prohibir el indulto en delitos de corrupción p. 91.

• Suspender del cargo a representantes y altos cargos cuando se acuerde la apertura de juicio oral por corrupción, y dimisión automática en caso de condena firme p. 69.
• Prohibir el indulto en delitos de corrupción e inhabilitar de forma reforzada y prolongada a quien sea condenado por corrupción p. 69.
• Dotar de más medios a la Fiscalía Anticorrupción y a los juzgados especializados, y reducir los aforamientos al mínimo imprescindible p. 69.
• Reformar la elección de los vocales del CGPJ: 8 juristas elegidos por el Congreso y el Senado, y 12 de procedencia judicial elegidos directamente por jueces y magistrados p. 72.
• Reformar la elección del Fiscal General del Estado con criterios de mérito, capacidad e independencia, y reducir la influencia del Gobierno; además, ampliar de 2 a 5 años la incompatibilidad de los altos cargos que pasan al sector privado p. 72p. 73.

• Elección directa de los vocales del CGPJ y de los magistrados del Tribunal Constitucional mediante candidaturas independientes y juristas de reconocido prestigio, eliminando el cuoteo entre partidos p. 15.
• Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para prohibir desahucios por motivos socioeconómicos sin una alternativa habitacional digna previa p. 9.
• Ley de Responsabilidad Política que considera el programa electoral un contrato legal vinculante, con riesgo de desafuero, destitución o juicio político si no se cumple p. 15.
• Referéndum revocatorio a mitad de legislatura, convocado con la recogida de 500.000 firmas, para destituir al gobierno si incumple sus compromisos fundamentales p. 15.
• Obligación de los cargos electos de responder ante la ciudadanía por las decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo p. 14.

El programa de Elecciones generales 2026 aún no se ha publicado; este es el último documento disponible de Frente Obrero, de 2026.

• Prohibir el indulto en casos de corrupción política y delitos relacionados con ella p. 59.
• Aumentar las penas por corrupción, extendiéndolas a los partidos políticos como personas jurídicas, y garantizar la devolución completa de los fondos públicos objeto del delito p. 59.
• Mejorar la justicia gratuita, que según el documento es lenta y de mala calidad, y evitar que nadie sea condenado por no tener ingresos p. 58.
• Garantizar la independencia judicial respecto al poder político, dando prioridad a la carrera judicial en los órganos superiores y suprimiendo la elección por el Gobierno de miembros de cualquier órgano judicial p. 58.
• Transformar radicalmente el sistema judicial para que sea independiente y "implacable con el poder político cuando sea necesario" p. 58.